La gestión corporativa en México entra en una nueva era con la reciente reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ahora permite la realización de asambleas de accionistas y sesiones del Consejo de Administración mediante medios electrónicos. Esta reforma, promulgada el 20 de octubre, no es solo un cambio legislativo, sino una transformación en la forma en que las empresas mexicanas conducirán sus operaciones más esenciales.
La posibilidad de celebrar asambleas de forma virtual representa una modernización significativa en la gestión societaria. La transición hacia lo digital facilitará la toma de decisiones estratégicas, como la aprobación de dividendos o la reinversión de utilidades, aspectos que tienen directas consecuencias tributarias. La inmediatez en la comunicación y la toma de decisiones puede optimizar la carga fiscal de la empresa y mejorar la planificación tributaria, adaptándose a las exigencias y ritmos del mercado actual.
Además, la publicación electrónica de convocatorias y la documentación digital facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, haciendo más transparente la gestión corporativa. Esto permite a las autoridades fiscales un mejor seguimiento y control, reduciendo el riesgo de prácticas evasivas. Para las empresas, la transparencia resultante puede significar una reducción en las contingencias fiscales y una mejor reputación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Otro aspecto relevante es el impacto en la deducibilidad de gastos y el acreditamiento de impuestos. La validez de las actas y resoluciones tomadas de manera virtual facilitará la justificación de gastos y la aplicación de créditos fiscales, siempre que se cumplan los requisitos formales y materiales exigidos por las leyes fiscales.
La fiscalización de las operaciones societarias se verá transformada con la digitalización. Los sistemas de revisión y auditoría fiscal deberán adaptarse para validar la autenticidad y la integridad de las actas y documentos electrónicos. Esto implica que tanto las empresas como las autoridades fiscales deberán invertir en tecnología y capacitación para manejar adecuadamente la información digital y evitar discrepancias que puedan llevar a ajustes fiscales.
La entrada en vigor inmediata del decreto exige una rápida adaptación por parte de las empresas. Desde el punto de vista fiscal, las empresas deben asegurarse de que sus sistemas contables y de gestión tributaria estén preparados para integrar las nuevas disposiciones. Esto incluye la actualización de los estatutos sociales y la implementación de sistemas de firma electrónica, entre otros, para garantizar el cumplimiento fiscal bajo el nuevo marco legal.
La incorporación de las asambleas electrónicas a la Ley General de Sociedades Mercantiles es un paso adelante en la alineación de las prácticas corporativas con las tendencias digitales globales. Este cambio normativo abre un abanico de oportunidades para mejorar la eficiencia fiscal y la toma de decisiones estratégicas, pero también presenta desafíos que requieren una respuesta rápida y efectiva de las empresas para mantenerse a la vanguardia en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.