En México, se está viviendo un momento clave con la propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma busca, entre otras cosas, que las y los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular y reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9. La intención es clara: democratizar el sistema judicial y combatir la corrupción en sus niveles más altos. Pero, ¿realmente es este el camino adecuado?
Por un lado, la idea de que el pueblo elija a sus jueces parece atractiva. ¿Quién mejor que la ciudadanía para decidir quién debe impartir justicia? Sin embargo, esta medida ha generado mucha preocupación. Imagina que los jueces tengan que ganar popularidad para obtener su puesto, esto podría hacer que las decisiones judiciales se politicen, afectando la imparcialidad y, en última instancia, la justicia misma.
El impacto ha sido inmediato: jueces y trabajadores del Poder Judicial han iniciado una huelga indefinida en todo el país. Están preocupados por la posible eliminación de la carrera judicial y la pérdida de derechos laborales. Para ellos, esta reforma podría significar un retroceso en la calidad de la justicia en México.
El dictamen de la reforma ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero el debate está lejos de terminar. Lo que está en juego no es sólo cómo se eligen los jueces, sino la esencia misma de la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia.
La reforma judicial en México plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre la democratización y la preservación de un sistema judicial independiente y justo. Es crucial que se aborde con cuidado para no comprometer el futuro de la justicia en México.
