La pandemia de COVID-19 sacudió al mundo en el año 2020, impactando no sólo en el ámbito de salud, sino también en el ámbito laboral, obligando a todos los sistemas laborales que requerían la presencialidad de sus trabajadores dentro de sus centros laborales a migrar, en la medida de lo posible, a la modalidad en línea o híbrida, dependiendo de el tipo de servicio que prestaran.
Sin duda, una de las áreas que tuvo que hacer lo posible por mudar en tiempo récord su sistema fue el de acceso a la justicia, en donde, a pesar de que el mundo “se hubiera detenido”, las actividades y responsabilidades, así como los litigios mismos, no podían permitir el detenerse debido a la gravedad que ciertos asuntos podían implicar, es así que el Poder Judicial de la Federación se muda prontamente a plataformas en línea donde logran, de manera sorprendente, el trasladar tanto el consultar información, como el llevar a cabo el desahogo de audiencias por medio de plataformas para videoconferencias como Zoom o Google Meetings.
Sin embargo, debido a la exigencia tan pronta de hacer este cambio, no se realizaron los estudios pertinentes para saber que, sí, el trasladarse a modalidad en línea permitía continuar con los trámites previamente iniciados en modalidad presencial, más con esto dejaba indefensos a la mayoría de los promoventes que, o bien, no poseían o sabían cómo utilizar una computadora, o, se les imposibilitaba conseguir una a consecuencia de la crisis que trajo el desempleo de millones de mexicanos que fueron rescindidos por el detenimiento de sus industrias.
La llegada del COVID-19 a México ha abierto una brecha de oportunidad para el mundo jurídico, y la pronta respuesta de los encargados de justicia de procurar la misma por el medio que fuera necesario da pie a, ahora que se comprende mejor y se tiene el panorama completo de la vulneración de derechos humanos que se hizo con su primera introducción al sistema de acceso a la justicia, reestructurar esta idea y adaptarla para poder así incluir, de manera igualitaria, a todo este grupo poblacional que se vio afectado en su primera puesta en práctica.
Es así que para que este proceso de reestructuración funcione, se identifican, de primera mano, a los entes públicos, privados y descentralizados que tienen o pueden tener participación importante en dicho sistema.
De parte de los entes públicos, se reconocen 5:
- Suprema Corte de Justicia de la Nación: Órgano supremo de administración de justicia en México, compuesto por 11 ministros expertos en todas las materias aplicables en el país.
- Tribunales Federales y Locales: Órganos de jurisdicción local y federal que administran las vulneraciones entre particulares. La diferencia entre estos dos es que los primeros administran justicia de segundo grado, es decir, todos aquellos delitos o crímenes de vulnerabilidad alta, así como las instancias que pasaron por el sistema local y necesitan una confirmación o corrección a las resoluciones emitidas.
- Sistema de Administración Tributaria: Órgano que supervisa el cumplimiento fiscal de los ciudadanos mexicanos. Dentro de sus responsabilidades está la recaudación de impuestos, la emisión de lineamientos fiscales a través de misceláneas mensuales y anuales, y la ejecución de los incumplimientos a través de procedimientos administrativos.
- Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: Órgano donde se deposita el Poder Legislativo del Gobierno Mexicano. Está compuesto por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, quienes se encargan de la aprobación de Convenciones Internacionales, Leyes de carácter general y modificaciones a la Constitución. Los representantes de ambas Cámaras son puestos por elección popular, representando un porcentaje de todas las regiones del país.
- Poder Ejecutivo (Gobierno de México): Órgano encargado de administrar y representar al país. El responsable de este Poder es una persona única elegida cada seis años por el pueblo mexicano, una vez elegido, obtiene el nombramiento de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Del mismo modo, se identifican Entes No Gubernamentales:
- Fundaciones o asociaciones civiles: Dentro del país, existen referentes que se dedican a promover los derechos humanos, aplicados de manera coercible, así como el uso de la tecnología para la optimización de procesos productivos y administrativos.
- Colegios de abogados: A pesar de que la Colegiación de Abogados en México no es obligatoria, los Colegios han sido un referente de oposición y consejo en pro y contra de criterios de las autoridades, ayudando a fortalecer el criterio de sus miembros, impulsándolos a buscar siempre mejores soluciones a los problemas planteados.
Finalmente, los Entes Privados, quienes dentro de esta reestructuración tomarán un papel muy importante:
- Empresas de tecnología legal: Gracias a las empresas tecnológicas mexicanas, se ha desarrollado un sinnúmero de soluciones aisladas y preponderantemente inclinadas a la iniciativa privada que usan, principalmente, estas modernas herramientas para la resolución de sus problemáticas.
- Innovación abierta: Para el pronto desarrollo de una empresa en este ámbito, es necesaria su pronta integración con empresas transnacionales como Oracle, Microsoft, Google, entre otras, que disponen de desarrollos open source que les permitirán optimizar y automatizar de manera inteligente sus procedimientos internos.
Una vez analizado el contexto de la situación, la urgente necesidad de la reestructuración de este sistema que, en sus inicios benefició menos de los que perjudicó, y el tomar en cuenta los principales sujetos que intervendrán durante y después de establecido este nuevo sistema, es pertinente concluir con el planteamiento de la solución, es decir, los puntos necesarios que deberá cubrir esta nueva estrategia reconstructiva. Para esto último, se distinguen 5 ejes clave para esta operación:
- Unificación de estándares: Para este punto se pretende que la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su órgano de administración tributaria, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, unifiquen criterios en el uso y adaptación de tecnologías en sus procesos para así agilizar y facilitar sus procedimientos.
- Validación de instrumentos tecnológicos por parte del Estado: Es necesario que el Gobierno Mexicano emita criterios de cumplimiento y certifique a las partes interesadas públicas y privadas en el uso de las mismas, con esto animando poco a poco a dichas entidades a trasladar su trabajo a esta nueva era.
- Base de datos universal: Integrar dentro de un mismo espacio toda la información importante y referente al tema, así como contemplar dentro de ella un reglamento para estructurar las mejores prácticas dentro de esta nueva rama, así como todos los hallazgos que demuestran que el uso de la tecnología ha impactado de manera positiva y, por tanto, funciona como una herramienta que soluciona los problemas previamente establecidos.
- Evaluación del organismo: Con el fin de mejorar la calidad del servicio tecnológico a implementar, es necesario que exista un sistema que evalúe dicho avance, y que, del mismo modo, permita, a través de su retroalimentación, solucionar las deficiencias de la aplicación ésta pueda tener tanto para los usuarios como para el uso de quienes la utilizan. Para obtener un punto de vista más objetivo, dicho sistema evaluativo deberá recaer en un ente externo al mismo gobierno, permitiendo, con esto, mejorar de manera progresiva la integración de la tecnología en los procesos públicos.
- Programa de concientización e integración de la sociedad: Para no repetir los errores de la primera vez que se implementó el uso de la tecnología en el sistema de acceso a la justicia, es imprescindible que se cree un programa social que involucre a las comunidades en estado de vulnerabilidad para que puedan ser oídas, y que su limitante para acceder a la tecnología no vuelva a ser razón para quedar desamparados por la justicia.
Finalmente, para sintetizar lo anteriormente expuesto, es pertinente mencionar las estrategias a seguir para la implementación de esta reestructuración en los sistemas procedimentales de los entes gubernamentales. Mismas que se mencionan a continuación:
- Tema en conversación: Para que el tema de la tecnología comience a ser tomado en cuenta como uno de los siguientes puntos a tachar en la agenda nacional, conviene comenzar a generar intriga de cómo su aplicación mejoraría de manera puntual la eficiencia de los procedimientos de los entes públicos, por lo que para lograrlo se pretende comenzar con paneles abiertos donde las entidades de mayor injerencia en el país participen y dialoguen sobre la viabilidad de este nuevo cambio en el ya antiguo sistema.
- Derecho comparado: No solo basta con esperar mejores resultados de una hipótesis, sino que para poder administrarlo y creer en que va a funcionar es indispensable el estudiar cómo la aplicación de la tecnología ha impactado en otras regiones del mundo, y poder así analizar de manera más concreta si este cambio puede o no ser efectivo para México.
- Tesis y jurisprudencias: Promover demandas que culminen en determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se creen mecanismos de integración de la tecnología con la idea de unificar criterios básicos planos hacia la implementación e integración de la sociedad en estos. Buscar, a través de la promoción de demandas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere en sus determinaciones la creación de mecanismos que integren la tecnología como medio idóneo para la unificación de criterios de los entes públicos y privados, quedando establecido en criterios jurisprudenciales que certifiquen la nueva ideología del traslado de lo documental (físico) a lo digital.
